Para el pesar del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, la acusación constitucional que hay enarbolada en su contra se votará este miércoles en medio del exaltado escenario que ha dejado el Caso Convenios. La trama, cuya arista matriz tiene a militantes de Revolución Democrática -partido del ministro- involucrados en un presunto caso de corrupción, mantiene a la oposición -y a algunas figuras del oficialismo- ávidas de cobrar responsabilidades políticas en el gobierno. NOTICIAS RELACIONADAS Oficialismo acusa homofobia en la tramitación de la AC contra Ávila tras declaraciones de exvocera del «bus de la libertad» 417 Gobierno recalca que AC contra Ávila «carece de fundamentos» y dice que es «absurdo» vincularla al Caso Convenios 140 Con la permanencia, hasta el momento asegurada, del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS) y del titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), en el Congreso toma fuerza la idea de aprobar el líbelo acusatorio contra el titular del Mineduc como una forma de expiar las culpas de RD sobre el escándalo que roda a Democracia Viva. Es en ese contexto que este lunes el oficialismo manifestó un respaldo cerrado hacia el secretario de Estado bajo amenaza. Para cuadrar un relato común, desde La Moneda remitieron a los dirigentes de los partidos de gobierno una minuta en la que se releva el balance del primer año escolar 2023. Los detalles En materia de resultados, en el documento se destaca que «la asistencia promedio va al alza y hoy tenemos que tres de cada cinco estudiantes hoy presentan una asistencia normal o destacada (60% de la matrícula), mientras que la inasistencia grave se redujo en 10 puntos porcentuales». También se hace hincapié en los avances del plan de reactivación educativa en el primer semestre, y entre ello, en las iniciativas de fortalecimiento de aprendizajes en materia de lectura y matemáticas. El insumo compartido a inicios de esta semana por el Ejecutivo se suma a otro difundido el pasado viernes a raíz de la polémica de Junaeb. Allí, se hizo eco de las declaraciones que vertió la directora del organismo, Camila Rubio, respecto a la denuncia de un presunto pago de $3.500 millones por 30 colaciones. «No es factible que se paguen $3.500 millones por 30 raciones, ya que el precio máximo ofertado y adjudicado por un tercer servicio u once es de $7.289 pesos, un valor alto, adjudicado en la administración anterior. La licitación realizada durante este periodo obtuvo el mismo servicio por un valor máximo de $1.093 pesos», se lee en el escrito. También, se indica que «no es posible contrastar de manera veraz y responsable la acusación realizada mientras no se entreguen los antecedentes necesarios por canales formales propios o a través de los órganos de control establecidos por la Constitución y las leyes, que es la forma en que la institucionalidad puede analizar y atender este tipo de hechos. La Junaeb está evaluando esta situación y su directora no descarta acciones legales». Un consenso en el oficialismo Pese a que el manejo de Revolución Democrática sobre el caso Convenios ha vuelto a tensionar las relaciones entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, en lo que respecta a la acusación contra Ávila, los dirigentes de la alianza vuelven a encontrar un lugar común: Transversalmente llaman a no vincular la trama de fundaciones con el líbelo acusatorio que pesa sobre el ministro y reiteran las crítica sobre la falta de fundamento jurídico en la acción fiscalizadora que esgrimió la oposición. «Ojalá la derecha no use la acusación del ministro para hacerle una vendetta a Revolución Democrática», sostuvo el presidente de Comunes, Marco Velarde, destacando que Ávila «ha desplegado una agenda de reactivación educativa para que los estudiantes vuelvan a clases». «Si vamos a ver el fondo de la acusación, el ministro no debiese ser acusado. Esperamos que la derecha no sea oportunista con respecto a esto, porque uno es el caso fundaciones que involucra a personas determinadas, y otra es la acusación constitucional. No mezclemos peras con manzanas», añadió. En esa línea, la líder del PPD, Natalia Piergentili, relevó que «una acusación constitucional no es si a mí me parece simpático o no el ministro, si a mí me parece que ha hecho bien su gestión o no, sino más bien, si se ha saltado la Constitución. De modo que para nosotros, eso no tiene ningún asidero y esperemos que prime el sentido común, evaluar lo que se está juzgando en este minuto y no tratar de sacar réditos que no corresponden de una situación que es distinta a la que estamos viendo del caso convenios». Sobre el tema, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, indicó que la derecha busca que «se apruebe la acusación constitucional por evidentes diferencias políticas, más que por faltar al cumplimiento riguroso de la Constitución y las leyes, como es el propósito que tiene esta acusación como espacio fiscalizador que el Estado de Chile se ha dado. Yo espero que prime al final, más allá de la contingencia y las diferencias políticas, la estabilidad de lo que son las tareas de Estado» y «no prospere el debate de la Cámara esa acusación». A su vez, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, consideró que «los temas no debieran mezclarse. Las acusaciones constitucionales tienen un sentido, tienen una reglamentación y lo coyuntural no debiera incidir en aquello». «Esperamos que se tenga en consideración los reales fundamentos, dentro de los cuales, hay algunos que evidentemente son falsos, como el tema de Junaeb que tiene contradicciones enormes», añadió.
