No sorprendió a los colectivos de izquierda y centroizquierda de la Convención que la norma sobre derecho de propiedad indígena fuera rechazada durante la noche del miércoles y volviera a la Comisión de Derechos Fundamentales, donde deberá tramitarse por una última vez. En esta oportunidad, la propuesta que haga la comisión deberá ser la definitiva, pues rechazarla de nuevo en el pleno implicaría desecharla definitivamente del proceso constituyente. Aquello será complejo: la norma busca consagrar el derecho colectivo de los pueblos y naciones indígenas a las tierras y territorios «que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido», entre otras cosas, lo que hace mucho ruido en un sector de los convencionales, sobre todo en la centroizquierda. NOTICIA RELACIONADA Convención: Pleno envía a texto constitucional el derecho de propiedad y rechaza norma relativa a tierras indígenas 171 Esto porque la norma también establece que el Estado reconoce y garantiza la propiedad y posesión de estas tierras, garantizando su demarcación y titulación; y que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a usar y administrar asimismo los «recursos naturales que tradicionalmente han utilizado u ocupado». Finalmente, se estipula el derecho a la reparación de las tierras, territorios y recursos «que les hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados, transferidos o dañados, sin su consentimiento»; y que la restitución constituirá el mecanismo preferente de reparación. Las dudas sobre la definición de tierras En los próximos días, la comisión tendrá que elaborar una nueva propuesta que genere un consenso para su aprobación en el pleno, lo que a juicio de sectores como el Colectivo Socialista e Independientes No Neutrales implica un intenso «diálogo político» con los escaños reservados para garantizar una morigeración de la norma. El primer punto que genera un conflicto entre las distintas fuerzas es la mención sobre las tierras y territorios que entrarían en la norma («que tradicionalmente han poseído u ocupado»). «No estaba precisado necesariamente cuáles eran los límites de los lugares o espacios que iban a ser determinados o finalmente reivindicados por quienes iban a hacer efectiva esta normativa. La disposición habla de tierras y territorios que tradicionalmente hayan sido ocupados y genera muchas problemáticas sobre todo respecto de muchas personas que se encuentran en los territorios en conflicto, que podrían verse afectadas», explicó Andrés Cruz (Col. Socialista). Según Cruz, habría que ver otras posibilidades que no «pongan en entredicho a la paz social», pues a su juicio incluir una norma así «podría dar lugar a que quienes han optado por la vía armada para ocupar esos espacios puedan ver una justificación jurídica a la conducta desplegada por ellos, aduciendo una especie de autotutela o ejercicio del derecho legítimo para los efectos de recuperar lo que se ha reconocido que les corresponde». Para eso, lo que plantean desde la centroizquierda es que se debería dejar una norma mucho más amplia y remitir los detalles al legislador. Por ejemplo, reconociendo la existencia de una «deuda» en relación a los territorios y consagrar un «principio de reparación» al respecto, definiendo que la restitución es el mecanismo preferente para aquello La relación con los «bienes comunes naturales» . Lo segundo que hace ruido es la alusión a la administración de los recursos naturales, en circunstancias en que la Comisión de Medio Ambiente está discutiendo la existencia de «bienes comunes naturales» que corresponderían a todos. NOTICIA RELACIONADA Los límites y las dudas sobre las autonomías territoriales indígenas que buscarán los 2/3 en la CC este martes 191 Así, de acuerdo con lo que plantea Tiare Aguilera (pueblo rapanui), es necesario que la nueva norma «tenga una armonía con todo lo que se está aprobando y discutiendo en otras comisiones. Entendemos que Medio Ambiente está discutiendo respecto a los bienes comunes naturales y tiene que ir en relación con este trabajo, que excede la comisión». Además, Aguilera remarca que es importante que se incorporen también las particularidades de todos los pueblos, «porque si solo nos atenemos a las demandas del pueblo mapuche o del pueblo aymara, eso no va a poder representar la diversidad de nuestro país». Las normas de funcionamiento establecen que hay solo dos días hábiles para la presentación de nuevas indicaciones que mejoren el texto, por lo que la comisión debería votar la próxima semana la nueva propuesta que enviará al pleno. «Se requiere un estudio más acabado de los antecedentes. Nosotros entendemos que estamos llamados a trazar el camino de solución a un problema que es histórico, pero no contamos con todas las herramientas ni el tiempo para poder resolver definitivamente un problema que se arrastra hace siglos», dijo el coordinador de la comisión, César Valenzuela. «Evidentemente una temática tan sensible como esta escapa exclusivamente de la Comisión de Derechos Fundamentales y es más bien una conversación que tienen que desarrollar los distintos colectivos a nivel general que participan de la Convención», agregó. Al mismo tiempo, el convencional Adolfo Millabur (pueblo mapuche), remarcó que esta materia está «dentro de los siete temas más importantes que tenemos que llevarnos como respuesta a nuestros territorios», y que «hay algunos colectivos que ya sabemos que no nos van a apoyar nunca, pero hay otros que dieron su apoyo y significa que quieren seguir dialogando y queremos llegar a un acuerdo de todos los colectivos, que logre el consenso suficiente para que logremos los 2/3». Entre los escaños reservados además el clima está tenso y advierten que el asunto es complejo y, al igual que con las autonomías territoriales indígenas, buscan dejar algo regulado en la Carta Magna, pues a juicio de ellos la remisión completa al legislador podría abrir otro flanco de conflicto en el futuro. No obstante, y si bien entre los convencionales mapuche no han evaluado qué camino tomar en caso de que se rechace la norma, insisten en que aún quedan mecanismos legales a través de los cuales insistir si eso sucediera, pero ya por fuera del proceso constituyente.
