La ONU alerta sobre el número de asesinatos de lideres políticos y sociales en Colombia. Aunque el gobierno haya puesto en marcha un programa de protección, desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, el número de asesinatos no deja de aumentar y ha alcanzado nuevos récords. RFI visitó a algunos de ellos.
En una zona comercial de Medellín, en medio de tiendas y restaurantes, un pequeño hotel sin pretensiones pegó un aviso en la entrada : «Ya no recibimos nuevos clientes debido a la Covid-19». Cada persona que se presente debe mostrar su tarjeta de identidad y firmar un registro con la hora de llegada. Allí es nuestra cita con Carlos, quien prefirió cambiar su nombre para proteger a su familia.
Carlos explica que fue amenazado en varias ocasiones por haber defendido los derechos de su comunidad cuando era el presidente de la junta comunal de su aldea. Huyó del Bajo Cauca, un departamento al norte de Colombia, donde también hacia parte de la red de defensores de los derechos humanos. Las amenazas comenzaron cuando denunció la práctica de venta ilegal de oro. Hoy se esconde en Medellín.
«Iba con mi esposa y unos hombres me abordaron», cuenta, «me dijeron que los incomodaba porque estaba organizando a las personas que ellos usaban para la venta de oro. Ese día, no me asesinaron, yo creo, porque iba con mi esposa embarazada. Pusieron en frente de mis casa dos sicarios y yo no salí durante dos semanas.»
